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Boletín de prensa 4 de mayo de 2011
EL TIEMPO
'ES ABSURDO PENSAR QUE HAY QUE TUMBAR LA LEY 100', DICE MINPROTECCIÓN
Así respondió Mauricio Santa María respecto a propuesta de Jorge Enrique Robledo de derogar esa ley.
Jorge Enrique Robledo decidió centrar el debate de control político en Plenaria del Senado con el ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, en dos puntos fundamentales: la exigencia de derogar la Ley 100 que, dice, "mata más colombianos que todas las formas de violencia juntas", y la de que el Gobierno "no siga sosteniendo en el cargo" al actual superintendente de Salud, Conrado Gómez, "por estar inhabilitado".
En el debate, que comenzó a las 6:30 de la tarde, Robledo afirmó que la base del problema actual del sistema de salud es "la Ley 100", a la que calificó de "torcida y perversa", pues "no fue creada pensando en la salud de los colombianos, sino en el negocio de muchos particulares".
"Necesitamos que se acabe la permisividad y la alcahuetería de los gobiernos con ese tema", dijo antes de entrar al debate. "Yo suelo decir que la Ley 100 mata más colombianos que todas las violencias que nos martirizan, porque al final, todos estos fraudes se convierten en menos medicamentos, menos hospitales y médicos que los atiendan. Tenemos el peor sistema de salud del mundo".
Antes de que comenzara el debate, el ministro Santa María respondió a ese cuestionamiento y dijo que "es absurdo pensar que hay que tumbar la Ley 100, porque el modelo de aseguramiento que creó les ha dado grandes beneficios a los colombianos".
Según Santa María, "es cierto que la Ley tiene muchos problemas por corregir", pero no por eso hay que pensar en desmontarla. "Basta recordar lo que había antes de esa Ley, en ese momento sí que vivían quebrados todos los hospitales, sí que había problemas para conseguir medicamentos. Parece que ahora, a muchos se les olvidara eso".
Cuestionamiento al superintendente
De acuerdo con el congresista del Polo -que habló durante una hora y media-, "es inaudito que Gómez sea superintendente pues se encuentra inhabilitado por ser accionista de una EPS y hermano del presidente del gremio que reúne a estas empresas".
Robledo hizo énfasis en que el Superintendente es accionista de la empresa contratista Multiproyectos S.A, socia de la EPS Multimédicas S.A., y recordó que es hermano de Francisco de Paula Gómez, director de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), vigilada por la Superintendencia.
"Yo le pregunto al presidente Santos por qué entre los 9 millones de colombianos que votaron por él, justo tenía que poner en ese cargo a Conrado Gómez, que tiene todas esas inhabilidades", dijo.
En respuesta a ese cuestionamiento, el ministro Santa María afirmó que "debe ser el trabajo, día a día, del Superintendente, el que muestre su independencia, pues él no tiene ningún impedimento legal para ocupar ese cargo".
Luego, el senador hizo una lista de medicamentos que, aseguró, se llegan a cobrar en Colombia hasta 20 veces más caros que los genéricos que se consiguen en otros países, y tocó el espinoso tema de los recobros que el Fosyga debe girar por los medicamentos, procedimientos e insumos por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) que las EPS entregan a los pacientes y cuyo costo debe luego asumir el Estado.
Según Robledo, "cuando los recobros pasan de 300.000 millones de pesos en el 2007, a 2,4 billones de pesos el año pasado, es imposible no pensar que ese desfalco viene de poderes económicos sumamente grandes".
Para el senador, los cinco capturados en el operativo del lunes pasado, antes de que el presidente Juan Manuel Santos hablara por primera vez de un desfalco al sistema de salud que podría costar hasta 4,5 billones de pesos, "son apenas pececitos, funcionarios de bajo rango" detrás de los cuales hay "peces muy gordos".
Finalmente, Robledo se preguntó cómo es posible que la Superintendencia de Salud, "con sólo 157 empleados, deba vigilar 40.872 empresas". Y recordó el informe de la Superintendencia de Industria y Comercio, revelado la semana pasada por EL TIEMPO, que da cuenta de una presunta alianza de 14 EPS agremiadas en Acemi para concertar la negación de servicios de salud. Según él, "cada EPS debe ser investigada de manera individual".
Hacia las 9:30 de la noche, cuando empezó a hablar en la plenaria del Senado, Santa María aseguró que "al ser la negación del sistema de salud en Colombia, los recobros se han convertido en el principal problema" que el sector enfrenta actualmente, pues "han creado una serie de incentivos que son excesivamente perversos y han hecho que mucha gente quiera pescar en río revuelto".
El ministro afirmó sentirse orgulloso del operativo del lunes, y criticó que se dijera que "cayeron unos pececitos, mientras el gran tiburón sigue nadando".
"Nada más equivocado que eso. Esto es simplemente la primera etapa o, como dijo el Presidente, la punta del iceberg de una enorme investigación que continúa, el primer paso para atacar las grandes enfermedades que ahora tiene el sistema de salud. En agosto pasado, el Presidente nos dio la orden de cero tolerancia con la corrupción, y la atacaremos con todos los dientes que tengamos", agregó.
MADRE LESBIANA HABLA DE SU EXPERIENCIA COMO MAMÁ, MUJER, GUÍA Y LÍDER
Se trata de Elizabeth Castillo, coordinadora del grupo Mamás Lesbianas.
En su casa, Elizabeth y su hijo biológico, Leandro, pasan juntos las tardes de sábado en compañía de Claudia, la pareja de la Coordinadora del grupo Mamás Lesbianas, quien además trabaja como coordinadora del programa de Salud Sexual y Género, de Profamilia.
Mientras el joven, que ya tiene 20 años, practica algunas melodías en su guitarra, Elizabeth lo anima para continuar en la música, pues para ella lo más importante es que su hijo siga suspropios gustos, luche por lo que quiere y haga todo aquello que le genere felicidad.
Al respecto, afirma que "en las relaciones mamá-hijo siempre habrá un vínculo en el que la madre tiene autoridad, pero por encima de eso están el amor y el respeto por las ideas y los gustos de cada uno". Agrega que más allá del género, las ideas políticas o la religión, priman el cuidado y el afecto, que no se logra con imposición ni arbitrariedad.
"Aunque para muchos, madre y lesbiana se oponen, son condiciones accesorias a ser mujer. Y para ser una mujer plena se debe hacer aquello que colma de felicidad, sin causar daño a los demás. Así será más fácil ser mamá y guiar a los menores. Por supuesto, no es sencillo explicarles a los hijos la orientación sexual de su mamá, pero lo más importante, antes de tomar la decisión, es sentirse segura y tranquila", dice.
En su caso -cuenta- fue una experiencia bonita. Leandro tenía 11 años y cuando le contó que era lesbiana, él sólo le preguntó si era feliz. "En la mayoría de los casos, los hijos no se resienten porque la mamá sea lesbiana, sino porque no les hayan contado, pues uno siempre espera que ellos sean sinceros", comenta.
Desde entonces, Leandro no tiene problema en decir que su mamá es líder de Mamás Lesbianas, grupo de apoyo que permite que las mujeres no heterosexuales compartan experiencias y puedan conciliar los dos roles: el de mamá y el de lesbiana.
Trabaja como abogada frente a derechos de las mujeres
Además de la crianza de su hijo, Elizabeth Castillo tiene dos metas claras. La primera es ayudar y orientar a las mujeres, a través de Mamás Lesbianas, que se creó desde hace 8 años por iniciativa de ella y de otra madre con su misma orientación sexual.
Este grupo de apoyo se reúne cada dos semanas para compartir experiencias y también da respuesta a través de correos electrónicos. La segunda es el trabajo que hace con Profamilia, donde, como abogada, vela por el respeto de la diversidad sexual y por los derechos sexuales y reproductivos, por medio de la coordinación del programa de Salud Sexual y Género. A esto llegó luego de sentir que era maltratada en uno de sus trabajos anteriores, solo por su condición de mujer lesbiana.
Por ello, empezó a tomar liderazgo en estos temas, así como en otros relacionados con la protección de la mujer y en contra de la violencia contra las mismas, así como el VIH, entre otros.
APRUEBAN EN PRIMER DEBATE USO DEL POLÍGRAFO EN INVESTIGACIONES PENALES
Comisión Primera de la Cámara aprobó que se use solamente cuando el sindicado lo pida.
El autor de la iniciativa, el representante conservador Óscar Fernando Bravo, dijo que esta herramienta tiene un objetivo "disuasivo".
"En un proceso penal una mujer que ha sido violada puede insistir en que está diciendo la verdad y pedir que le hagan la prueba del polígrafo, y su supuesto agresor, si no la pide para él, quedaría en evidencia de que está diciendo mentiras ante el juez", explicó Bravo.
La prueba del polígrafo o detector de mentiras, tal y como quedó aprobado en el primer debate, solamente será una prueba complementaria y no podrá ser pedido ni por el juez ni por el fiscal del caso, sino por las partes para sí mismas.
El congresista agregó que esta limitación quedó en el proyecto ante la insistencia de sus colegas de que lo contrario podría ser violatorio de la Constitución.
"Varios congresistas insistieron en que en una revisión constitucional podría invocarse que ningún colombiano puede ser obligado a declarar en su propia contra, por lo que preferimos dejar el proyecto de esta forma", afirmó.
La iniciativa pasa ahora a su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
EL MINISTRO SANTA MARÍA
José Obdulio Gaviria
El ministro da declaraciones que apuntan al blanco: la crisis del sistema de recobros, originada en una sentencia de la Corte Constitucional.
¿Quién entiende, pregunto yo, el problema del desangre de la salud? ¿Cómo, si el sistema ha pagado 2,4 billones, se perdieron, según dicen Santos y Naranjo, 4,5? ¿Todo lo pagado fue un chanchullo? ¿A quién o quiénes se les pagaron esos 2,4 o 4,5 billones?
Entiendo que las únicas receptoras de esas sumas fueron las EPS. ¿Es creíble que esas entidades, cuyo capital pertenece a grandes grupos económicos, se hayan puesto de acuerdo para robar así al Estado?
Las declaraciones en W Radio del ministro de la Protección, Mauricio Santa María, aclaran mucho, casi todo. Son explicaciones juiciosas y reposadas que apuntan al blanco verdadero: la crisis del sistema de recobros, originada en una sentencia de la Corte Constitucional. Ese es un hecho trascendental que puso en estado de coma a toda la salud.
Nuestro sistema es mixto, es decir, integra -como agentes y prestadores- al Estado y a los particulares. En mi opinión, el nuestro ha probado ser mil veces más eficaz y equitativo que las alternativas: 100% privado o 100% público. Una fuerte corriente política en Colombia es partidaria del 100% público y su propósito, de llegar a gobernar, es derogar el sistema vigente. Por lo que oí decir al Ministro, el actual gobierno no pone en entredicho la estructura; trata de perfeccionarla, corregir sus defectos y castigar a quienes hayan defraudado al Estado. El senador Robledo, en cambio, busca desacreditar el sistema como tal.
¿Por qué estamos metidos en ese berenjenal inintelegible? Una sentencia de la Corte Constitucional (T 760 del 2007) puso a pagar al Fosyga, de buenas a primeras, una 'billonada' imprevista a las EPS. Antes solo se repagaban los medicamentos; ahora, por obra de la Corte, hay que pagar hasta cambios de sexo y cirugías estéticas. La sentencia creó un agujero negro que puso a tambalear al sistema de salud.
El presidente Uribe hizo sonar las alarmas. Había que acatar lo dispuesto, por más absurdo que fuera, y buscar recursos para financiar el déficit. Dicho y hecho: en los primeros 12 meses de vigencia de la jurisprudencia los recobros le valieron al Fosyga más de 800.000 millones de pesos.
El presidente Uribe y su ministro de la Protección, Diego Palacio, trabajaron día y noche para buscar alternativas. Fue ese el origen de la accidentada emergencia económica, cuyo final fue tan abrupto. Nadie quería pagar los sobrecostos que introdujo la sentencia.
Por el boquete que abrió la T 760 se vino una avalancha de tutelas, cuyas decisiones, a pesar de ser alucinantes, había que cumplir, so pena de ir a la cárcel por desacato.
La sentencia, además, como toda medida populista, fue ocasión para que avivatos y oportunistas montaran empresas distribuidoras de medicamentos, todo con el único fin de sobrefacturarlos.
Un aumento billonario de las obligaciones por pagar desbordó la estructura administrativa del Ministerio, del Fosyga y de la Superintendencia. Fue la ocasión para la formación de organizaciones criminales para medrar y enriquecerse en ese despelote.
El país es testigo del ardor y la valentía con que el ministro Palacio peleó en todos los frentes. Incluso, algunos le criticaron la forma acerba como trataba públicamente a las EPS.
El ministro Santa María, gallardamente, reconoció que el tema se trató en el empalme y que Palacio avanzó en denuncias y correctivos. Pero, claro, a Palacio le tocó un fiscal general al que solo le interesaba que no lo 'asaran los medios', aunque la criminalidad se estuviera desbordando y, en consecuencia, nada hizo con sus denuncias.
Encomiable perseguir a los corruptos. Pero, pregunto: ¿un asunto tan grueso y estructural, como el que he descrito, sí se corregirá a punta de titulares?
EL ESPECTADOR
DERECHOS DE HOMOSEXUALES
CORTE SUPREMA DE BRASIL DECIDE SI RECONOCE UNIÓN ESTABLE DE HOMOSEXUALES
Argentina es el primer país de América Latina en legalizar en todo su territorio las bodas entre parejas del mismo sexo.
La máxima corte brasileña se reúne este miércoles para decidir si reconoce la unión estable de homosexuales y les garantiza los mismos derechos que a las parejas heterosexuales.
"Es una decisión muy importante porque es la primera vez que la corte suprema es convocada a reconocer que la unión estable de personas del mismo sexo es una entidad familiar con los mismos derechos, y la decisión será vinculante para todo el país", dijo a la AFP la jueza Maria Berenice Dias, presidente de la Comisión de la Diversidad Sexual del gremio de los abogados.
A falta de una ley que regule la unión homosexual, esto es lo mejor que podía ocurrir para reconocer de una vez los derechos de las parejas homosexuales, afirmó.
Actualmente, explicó, Argentina es el único país de Suramérica con una ley que reconoce el matrimonio homosexual. Y Brasil, según la magistrada, se ha mantenido como el más avanzado en la jurisprudencia, con más de 1.000 decisiones judiciales en tribunales reconociendo derechos de personas homosexuales.
"El Poder Judicial ha ido ocupando el vacío que dejó el Poder Legislativo en esa área. Hay 17 proyectos de ley en el Congreso, pero no se aprueban", lamentó.
Los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal deberán dar respuesta a dos acciones.
La primera presentada por el gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, en 2008, para que se impida al estado hacer diferencias entre parejas heterosexuales y homosexuales.
La otra acción fue presentada en 2009 por la Procuradoría General de la República, pidiendo que el supremo declare obligatorio el reconocimiento de la unión de personas del mismo sexo como entidad familiar y que los derechos garantizados a parejas heterosexuales sean extendidos a las homosexuales.
El Senado argentino aprobó en 2010 una ley que convirtió a ese país en el primero de América Latina en legalizar en todo su territorio las bodas entre homosexuales.
EL ESPECTADOR
HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA
Víctimas del Palacio se declaran ofendidas por Santos
Aseguran que la condena contra los militares nada tiene que ver con la retoma, sino con la desaparición de sus familiares.
Ofendidos y humillados por el presidente Juan Manuel Santos se declararon los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, luego de las declaraciones del jefe del Estado que calificó de injusta la condena al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por estos acontecimientos.
Héctor Jaime Beltrán, padre y homónimo del mesero de la cefearía del edificio, desparecido en la luctuosa jornada, manifestó que el gobernante rompió su promesa de no controvertir las decisiones judiciales, mucho más cuando se había reunido con ellos para manifestarles su apoyo y su intensión de no interferir en las investigaciones.
Aclaró que no es cierto, como lo afirman algunos militares y sus familiares, que los seres queridos de los desaparecidos hayan recibido millonarias reparaciones frente a lo ocurrido con sus hijos, hermanos o padres; precisó, igualmente, que ningún resentimiento guardan contra las Fuerzas Militares, pues su único interés es que se castigue penalmente a los responsables de las desapariciones.
Entre tanto, Jorge Franco, hermano de la guerrillera Irma Franco Pineda, manifestó que lo que parece querer el Gobierno con sus afirmaciones es dejar la sensación en la opinión pública de que los uniformados están siendo condenados por la operación militar que adelantaron en el marco de la retoma, causal que nunca se les ha imputado, pues se les juzga es como responsables de desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad.
Tampoco se mostró de acuerdo con la posibilidad de aplicar alguna Ley de indulto a los militares por estos hechos, pues están implicados es en la retensión ilegal de sus familiares, que fueron torturados y luego asesinados, una actuación que, a su juicio, no puede ser cobijada por una norma de ‘perdón y olvido’. El indulto concedido a los guerrilleros, precisó, obedece a una acción de guerra, propia de su condición de alzados en armas y no de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Pilar Beltrán, esposa de Jaime Beltrán, también rechazó la postura del presidente Santos, de quien dijo que les dio la mano y se comprometió a colaborar con ellos pocos mesedespués de su posesión, para cambiar radicalmente su postura una vez se conoció la condena contra el general (r) Arias; añadió que lo único que buscan es que los 10 militares involucrados en este hecho les revelen con claridad cuál fue el destino de sus seres queridos y ahí sí hablar de la posibilidad de una rebaja de penas.
Entre tanto, Alejandra Rodríguez, hija del administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez, recordó que Santos ya había reconocido la ocurrencia de desapariciones forzadas en el discurso que emitió durante la conmemoración de los 25 años del holocausto y ahora, con estas declaraciones, termina cuestionando este mismo hecho, al calificar de “supuestas” las vejaciones de las que fueron víctimas este grupo de civiles.
Finalmente, exigieron una rectificación por parte del presidente Juan Manuel Santos, exigiéndole que cumpla su palabra de no interferir en las decisiones jurídicas relacionadas con esta tragedia y, por el contrario, impulsar las investigaciones. El acto contó con la presencia de algunas de las madres de los desparecidos, entre ellas Elsa Cortés, madre de Cristina del Pilar Guarín Cortés, y quien con 87 años es la mayor de las parientes todavía viva de los desaparecidos.
EL NUEVO SIGLO
PRECISAR PENALIZACIÓN A CONDUCTORES EBRIOS
UNA vez más el Congreso se dispone a abocar la discusión de otro proyecto de ley que establece elevar a la categoría de delito el solo hecho de conducir un vehículo automotor en estado de embriaguez. Tras la controversia que se generó semanas atrás cuando una iniciativa similar se hundió sorpresivamente, el Gobierno y distintas bancadas parlamentarias acordaron volver a presentar el proyecto, esta vez con la seguridad de que existe la suficiente voluntad política para sacarlo avante y que antes de terminar este año ya la norma pueda entrar en vigencia.
Sin embargo, todavía persisten en el ambiente dudas respecto a lo que se pretende. Por ejemplo, hay distintas percepciones sobre la dosificación de la respectiva pena, los agravantes y atenuantes que se pueden aplicar en cada caso, así como cuándo efectivamente el infractor debe ir a prisión e incluso qué clase de establecimiento carcelario destinarse para los conductores ebrios, toda vez que no se trataría de delincuentes comunes. Se insiste en utilizar y masificar el sistema conocido popularmente como el de ‘casa cárcel de chóferes’, bajo la tesis de que enviar a conductores ebrios a convivir con criminales de la más diversa calaña no es proporcional al delito cometido e incluso la vida de los infractores se pondría en riesgo y, por esa vía, la Nación se expone a ser blanco de demandas de los afectados.
Sería bueno que esas dudas y otras que permanecen latentes en el ambiente sean despejadas antes de iniciar el debate en firme en el Congreso, para evitar que la voluntad política que existe para aprobar la iniciativa se vea obstaculizada por discusiones similares e insalvables, como las que determinaron el hundimiento del anterior proyecto
CRISTIANOS APOYARÍAN PROYECTO CONSERVADOR SOBRE EL ABORTO
Se redujo la representación en el Parlamento de esta tendencia religiosa, anteriormente eran 10 en Senado y 5 en Cámara.
La iniciativa para que el aborto sea penalizado sin excepciones en Colombia, que anunció el presidente del Directorio Nacional Conservador José Darío Salazar desde el año anterior, contaría con el respaldo de la bancada cristiana-evangélica en el Congreso.
Por lo menos el senador Édgar Espíndola (Partido de Integración Nacional, PIN), señaló que ve con buenos ojos esta iniciativa, aunque advirtió que espera conocerla a profundidad.
El aborto está penalizado en el país, con la salvedad de cuando la vida o la salud física o mental de la mujer está en peligro; cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto; y cuando se diagnostican graves malformaciones fetales que hacen inviable la vida fuera del útero, según lo estableció la Corte Constitucional.
EL NUEVO SIGLO: ¿En el actual Congreso disminuyó o aumentó la presencia de cristianos con referencia al anterior Parlamento?
ÉDGAR ESPÍNDOLA: En el actual Congreso disminuyeron los Representantes y Senadores cristianos. Tenemos como unos cinco Representantes a la Cámara y tres Senadores.
ENS: ¿Es decir que no funcionó la estrategia al final de 2009 de varios parlamentarios cristianos de pasarse a La U, buscando el respaldo de una colectividad fuerte para alcanzar su reelección?
EE: No, de hecho casi todos estaban en La U, lo que pasa es que electoralmente no fue suficiente la votación, el umbral se subió, entonces la votación se subió para la gente. El umbral fue muy alto y la mínima votación estuvo arriba de 40 mil votos, entonces eso imposibilitó que tuviéramos la presencia de más compañeros Senadores.
ENS: ¿Eso demostraría que los congresistas cristianos necesitan más que los votos de sus iglesias?
EE: Sí, evidentemente uno tiene que abrir espacio en muchos sectores de opinión; de hecho tenemos claro que hay una simpatía y una confianza de ciudadanos comprometidos con principios y valores cristianos que nos pueden acompañar, pero evidentemente nosotros somos Senadores de todos los colombianos, por eso yo trabajo muchísimo el tema de pensionados, de derechos humanos.
ENS: ¿Qué opinión le merece el anuncio del senador José Salazar, de prohibir el aborto sin ninguna excepción?
EE: Bueno, nosotros somos defensores de la vida, lo único que el ser humano puede hacer es defender la vida, nosotros no ponemos la vida ni la quitamos, pero sí debemos cuidarla, preservarla y mantenerla. De hecho nos identificamos en gran manera con la iniciativa del senador Salazar para defender la vida como tal y por supuesto revisar desde el punto de vista espiritual y legal algunas modificaciones que podrían en un momento determinado tocar el tema; mas, sin embargo, no conozco a profundidad la propuesta del senador José Darío Salazar, pero nosotros defendemos la vida como defendemos la familia tal y como la naturaleza nos la ha entregado, como Dios lo ha mandado, por eso nos oponemos a que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, y mucho más nos oponemos a que el Estado legalice que las personas del mismo sexo adopten niños.
No es que sea homofóbico, las personas me merecen el mayor de los respetos aunque yo no comparta sus tendencias y gustos sexuales, pero el Estado no puede constitucionalizar un gusto sexual simplemente para complacer a una minoría; lo que debe preservar es la familia como la naturaleza nos ha enseñado y como la Constitución lo contempló.
BATALLA JUDICIAL HACE TAMBALEAR REFORMA AL CÓDIGO DE MINAS
Demanda expone que no fueron consultadas las comunidades indígenas. Procuraduría pide que se declare la norma inexequible.
POR LA jurisprudencia que ha sentado la Corte Constitucional en el tema y por la exposición de motivos que hace la Procuraduría General en su respectivo concepto, estaríamos ante “una crónica de una muerte anunciada” en el caso de la reforma al Código de Minas, por cuenta de una demanda de inexequibilidad al no haber consultado a las comunidades indígenas.
Aunque ya el alto Tribunal ha revisado varias demandas contra algunos de sus artículos, hoy iniciará el examen definitivo de esta norma que modifica la Ley 685 del 2001, la cual fue demandada por el director de la Comisión Colombiana de Juristas Gustavo Gallón Giraldo, argumentando violación al derecho fundamental de los grupos indígenas a ser consultados, pues este requisito no fue tenido en cuenta ni antes de su radicación ni durante su trámite en el Congreso.
Este argumento es respaldado por el procurador Alejandro Ordóñez, quien en concepto rendido el tres de diciembre de 2010, le pidió a la Corte declarar inexequible en su integridad la Ley 1.382 del año pasado.
En el concepto, el Ministerio Público inicia recordando la suerte de la Ley General Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, donde se concentraba la política agraria y de tierras del gobierno Uribe, que el alto Tribunal en el 2009 declaró inconstitucional por el mismo “olvido” de consultar a comunidades indígenas y afrodescendientes.
La norma demandada, Ley 1.382 del 2010, realiza varias reformas a la ley del 2001, como, por ejemplo, faculta a la autoridad minera para delimitar áreas especiales que se encuentren libres, sobre las cuales se puede adelantar proyectos mineros de gran importancia para el país, y autoriza al Ministerio de Minas y Energía para delimitar “con la participación regional y local de los actores empresariales, sociales, de gobierno y demás entes administrativos involucrados en los procesos de la minería, áreas estratégicas mineras del territorio nacional, a las que se les denominará Distritos Mineros Especiales, mediante las cuales se facilitará la relación Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación participativa en un contexto de desarrollo humano sostenible y equilibrio para la competitividad del territorio”.
“De la revisión de las modificaciones introducidas al Código de Minas, se puede concluir que ellas sí afectan, en forma directa y específica, a los pueblos indígenas y tribales en cuyos territorios se adelantan o puedan llegar a adelantarse actividades mineras. Por lo tanto, el proyecto de ley que a la postre será la Ley 1382 de 2010, debió ser sometido a consulta, para dar a esos pueblos la oportunidad de participar en el proceso de discusión”, expone en su concepto el órgano de control.
Según el procurador Alejandro Ordóñez, la omisión de la consulta se pone de presente en la ponencia para primer debate en el Congreso de la norma que reforma el Código de Minas del 2001, ya que los ponentes dieron informe negativo al proyecto y pidieron su archivo, porque éste no había sido consultado a los pueblos indígenas y tribales.
Sin embargo, la discusión de la iniciativa siguió su trámite, luego de que otro de sus ponentes, el ex senador conservador Julio Manzur, explicara en la Comisión Quinta del Senado, durante la discusión del proyecto en el 2008, que “nosotros con los ajustes al Código de Minas tampoco estamos tocando el tema del capítulo específico de minorías étnicas, luego consideramos que no hay lugar a la consulta previa de estos ajustes”.
de junio del 2009, varios congresistas, entre ellos Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y Orsinia Polanco, de la Circunscripción Especial Indígena expusieron la ilegalidad del proyecto por la falta de dicha consulta.
NUEVO CÓDIGO PENITENCIARIO, OTRO DEBATE CALIENTE EN EL CONGRESO
Iniciativa está pendiente de primera ponencia en Cámara.
CAliente promete ser el debate al nuevo Código Penitenciario que, desde hoy comenzará en el Congreso.
Esta mañana, desde las 8, está previsto que la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se reunirá en el recinto de la Cámara Alta, discutirá con el Gobierno, en sesión ordinaria, la situación penitenciaria del país como parte de la socialización del proyecto de Ley 210 de 2011 Cámara, “por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario y se dictan otras disposiciones”; en representación del Ejecutivo intervendrán el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas y el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Gustavo Adolfo Ricaurte.
Debate
El senador Alexander López, del Polo Democrático, Vicepresidente de la Comisión, manifestó que no existe política pública definida en materia penitenciaria y cuestionó los recientes hechos relacionados con el Centro de Reclusión Especial para los Militares en Tolemaida y los privilegios de los que gozan los uniformados detenidos allí.
“Hemos registrado 3 suicidios en la Cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca. Los internos no tienen programas de resocialización, ni deportivos y presentan estrés colectivo, lo que hace indispensable replantear esta política carcelaria”, manifestó.
A su turno, el senador Marco Aníbal Avirama, de Alianza Social Indígena (ASI), propuso incluir un capítulo especial sobre la reclusión de los indígenas, tras solicitar que no sean enviados a una cárcel común, sino que puedan pagar sus condenas en la comunidad a la que pertenecen y bajo sus propias reglas.
Igualmente, el Presidente de la Comisión, senador Mauricio Lizcano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), anunció que están adelantando los trámites para invitar al vicepresidente Angelino Garzón a una sesión de la Comisión, con el fin de conocer de primera mano la política que en materia de Derechos Humanos se adelanta desde el Gobierno.
Lizcano dijo que como coordinador de ponentes del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo intercederá para que se incluya una norma que aborde la defensa de los Derechos Humanos.
Por su parte los senadores Jorge Eduardo Gechem y Milton Rodríguez, ambos de La U, pusieron de relieve la grave situación de descomposición social que padecen el departamento del Huila y el municipio de Soacha, en Cundinamarca.
Por solicitud de los senadores López, Avirama, Gechem, Rodríguez y Édgar Espíndola, del Partido de Integración Nacional (PIN), fue aprobada la realización de 7 audiencias públicas en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Putumayo, el sur de Bolívar y en la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de considerar la situación de orden público y violación de derechos humanos que se registran en estas regiones del país.
Iniciativa
Hace casi un mes, el ministro Vargas radicó ante la Secretaría General de la Cámara el proyecto, que pretende reemplazar al previsto en la Ley 65 de 1993.
En la Comisión Primera de la Cámara, la iniciativa está pendiente de ponencia para primer debate. Allí los coordinadores de ponentes son los representantes Henry Humberto Arcila y Alfonso Prada, de los Partidos Conservador y Verde, respectivamente; el grupo de ponentes está integrado, además, por los representantes Juan Carlos Salazar, del PIN; Orlando Velandia, del Partido Liberal; German Varón, codirector de Cambio Radical; y Carlos Arturo Correa, de La U.
La iniciativa consagra aspectos como la modificación del sistema de tratamiento penitenciario estableciendo la obligación de hacer estudios individuales a todos y cada uno de los internos, con miras a establecer y adoptar el tratamiento adecuado y el sistema de seguimiento para verificar su resocialización.
También se establece la posibilidad de que los particulares tengan a su cargo, mediante el sistema de concesión, la administración de establecimientos de reclusión, salvo lo relacionado con la seguridad interna, que seguirá a cargo del Estado.
El articulado propuesto por el Gobierno crea “un estricto sistema de redención de penas por estudio, basado en logros y no simplemente en horas de asistencia. En el futuro sólo el interno que obtenga los logros en los distintos programas académicos podrá ser beneficiario de redenciones de penas por estudio”, según explicó en su momento el ministro Vargas.
El Gobierno igualmente procura que el nuevo Código endurezca las sanciones disciplinarias aplicables a los internos y a los funcionarios, con lo cual se combate la corrupción y se generan mejores condiciones para la conservación del orden dentro de los centros de reclusión.
Otro aspecto es que los permisos excepcionales de 72 horas y de 15 días, que se conceden actualmente a los internos, sin vigilancia, puedan someterse a medidas de vigilancia o a condiciones especiales, con el fin de que las autoridades ejerzan los debidos controles sobre estos beneficios penitenciarios
LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL
Por DARÍO MARTÍNEZ BETANCOURT*
“Legitimar la Constitución mediante reformas coherentes”
EL proceso constituyente previo a la expedición de la Constitución de 1991 estuvo determinado por una honda crisis nacional atribuida a varios hechos como la existencia de una democracia restringida, una violencia generada por la guerrilla y el narcoterrorismo, entre otros. Se asesinaron magistrados, jueces, políticos, periodistas, militares, altos funcionarios del Estado, candidatos presidenciales y centenares de ciudadanos inocentes. Las desigualdades sociales y económicas, junto a la corrupción política, tocaron fondo. El Estado terminó deslegitimado. El lema de la juventud universitaria al plantear la séptima papeleta en las elecciones de marzo de 1990 fue: “Todavía podemos salvar a Colombia”.
El repudiado Estado de sitio se utilizó como mecanismo de salvación política y jurídica para expedir el Decreto 1926 de 1990, mediante el cual se convocó la Asamblea Constituyente, con el triunfo abrumador de la abstención. El total de la votación por el sí, fue de 2´988.963. La abstención electoral constituyó el 74%. La nueva Constitución se viabilizó, gracias a la institución más deslegitimada en su momento, como lo fue el Estado de sitio y con un respaldo popular deplorable. Esta salida extra- constitucional fue avalada por un fallo político de la Corte Suprema de Justicia, con salvamento de voto de 12 magistrados de los 26 que conformaban la sala plena. Ellos expresaron que la Corte había actuado como una tercera Cámara, en un retroceso institucional al permitir peligrosamente la ampliación del Estado de sitio para reformar la Constitución. La mayoría simple de la Corte, sostuvo que la exequibilidad de la convocatoria resultaba de la virtualidad para alcanzar la paz.
Al cumplir 20 años de vigencia la Carta Política y sin demeritar algunos logros en el perfeccionamiento institucional, es bueno preguntarse, si varios de los hechos que motivaron su expedición, se han superado. Creo que no. Colombia padece la misma violencia. La corrupción se ha tomado el Estado y es foco de otra violencia silenciosa. La Justicia sigue en espera de una profunda reforma que la pretermitieron los constituyentes de 1991. El Congreso no fue la piedra angular de la nueva Constitución, como lo predicaron algunos constituyentes. Otras causas que originaron la crisis del Estado, no han sido removidas, como por ejemplo los profundos desajustes sociales en amplios sectores de la población.
Las nuevas concepciones del poder, de la cultura democrática y del Derecho, en 20 años no alcanzaron a materializar los fines esenciales del Estado, como la prosperidad general, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, no obstante, los audaces esfuerzos hermenéuticos de la Corte Constitucional, como depositaria de una nueva legitimidad. No se ha salvado a Colombia como lo pidieron los estudiantes hace dos décadas.
ES necesario legitimar la Constitución mediante reformas coherentes que protejan y hagan más eficaces los derechos fundamentales, especialmente los que apuntan a satisfacer las necesidades primarias de la gente y a la consecución de la paz. En ese empeño se deben aportar reflexiones constructivas, alejadas del mesianismo constitucional, que interpreten nuestra cruda y dolorosa realidad social. No hay para qué endiosar la Constitución, atribuyéndole perfección divina, ni tampoco satanizarla, al considerarla responsable de todos los males que sufre la Nación.
LA SALUD Y LA CORRUPCIÓN
Por JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Se erigirá en adelante la barrera de la falta de recursos”
YA casi se aprueba en el Congreso el Acto Legislativo que condicionará el legítimo ejercicio de los derechos sociales de los colombianos -entre ellos el de la salud- a la “sostenibilidad fiscal”, ese engendro del capitalismo salvaje que, si la reforma se aprueba -como todo indica que ocurrirá-, dará al traste con el Estado Social de Derecho y con los postulados básicos de la Constitución, precisamente a los veinte años de su vigencia.
Se trata de una concepción insensible sobre las prioritarias necesidades de las personas, frente a las cuales se erigirá en adelante la barrera infranqueable de la falta de recursos, para que los derechos no pasen de ser teóricas declaraciones, bonitas pero falsas.
Por otro lado, sin embargo, el Estado exige a los trabajadores -tanto dependientes como independientes- cotizar para salud, y hoy por hoy cualquier transacción o contrato resulta imposible de perfeccionar si no se acredita la afiliación a una EPS y la cotización correspondiente. Lo cual estaría muy bien dentro de un concepto de solidaridad si esos dineros cotizados, que son contribuciones parafiscales y por tanto recursos públicos, se destinaran en efecto a la salud de los colombianos.
Mas la dura realidad es otra. Esos recursos, como los provenientes de los muchos impuestos que pagamos, tienen un destino fatal e ineludible: van a las arcas de los corruptos.
Así, por ejemplo, en las últimas horas el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha formulado una gravísima denuncia acerca de la escandalosa actividad corrupta que por varios años ha tenido lugar en el interior del Ministerio de la Protección Social con los recursos de la salud.
Lo que se ha descubierto es una poderosa red integrada por empresas prestadoras de servicios de salud, funcionarios del Ministerio y particulares para obtener que por el camino del recobro al Fosyga -Fondo de Garantías de la Salud- se desviaran más de 4 billones y medio de pesos a un objeto totalmente extraño al previsto por la normatividad: el enriquecimiento fraudulento de personas y empresas particulares y de servidores públicos inescrupulosos.
Lo cierto es que el país ya no soporta más la ola de corrupción que lo carcome. Y después nos van a decir, con base en la desdichada norma de la “sostenibilidad fiscal”, que para la salud no hay recursos. ¿Cómo los va a haber si se los robaron?
RCN RADIO
CONSEJO DE LA JUDICATURA DICE QUE EN MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL INVIERNO NO VENCEN LOS PROCESOS
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Hernando Torres Corredor, manifestó que los municipios del país más afectados son los que están ubicados en las riberas del río Magdalena.
Agregó que los departamentos con mayores dificultades son Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Cundinamarca y Chocó, siendo el municipio de Rionegro el más perjudicado por la ola invernal.
"Hemos tenido que trasladar algunos despachos judiciales, pero los expedientes y procesos que se siguen en varios de los despachos no sufren alteraciones debido a que los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen la orden de interrumpir términos", puntualizo el magistrado Torres Corredor.
CONSEJO DE ESTADO ORDENÓ A ETB INDEMNIZAR USUARIOS POR COBRO ILEGAL DE HONORARIOS
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por el cobro ilegal de los honorarios de un abogado.
Los hechos se presentaron en el año 2000 cuando a un grupo de personas se le cobró ilegalmente los honorarios de un abogado por concepto de cobro prejurídico y jurídico, dentro de un proceso de reconexión del servicio de telefonía fija; dichas personas interpusieron una acción de grupo ante el Consejo de Estado para hacer valer sus derechos.
El alto tribunal condenó a la ETB a pagar a cada uno de los afectados la suma de 52 mil 188 pesos con 56 centavos por los perjuicios materiales causados.
El Consejo de Estado aclaró que el reconocimiento de dicha indemnización se hará a todo aquel usuario que presente la prueba documental sobre la cancelación de honorarios de abogado en procesos de reconexión del servicio, sin que sea necesario que haya participado en el proceso judicial.
La jurisprudencia sentada puso de presente que la acción de grupo resulta procedente en estos casos, ya que la suspensión del servicio configura apremio suficiente para que el usuario pague lo adeudado, sin que sea necesaria la intermediación de un abogado para realizar su cobro.